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Un oleoducto explotó este jueves en el municipio de Reforma del suroriental estado de Chiapas, sin que hasta el momento se conozca si hay fallecidos en este suceso ocasionado presuntamente durante el robo de gasolina.
De acuerdo al reporte de Protección Civil de Chiapas, el suceso tuvo lugar sobre las 23.10 hora local del miércoles (04.10 GMT del jueves) cuando una fuerte explosión estremeció a los pobladores del ejido Rafael Pascacio Gamboa del municipio de Reforma Chiapas, fronterizo con el estado de Tabasco.
Las autoridades se acercaron al lugar de los hechos pero no han podido todavía adentrase por la magnitud del incendio, si bien se tiene constancia de dos vehículos calcinados, uno de ellos un camión.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), policía y Ejército mexicano.

“Hasta el momento se desconoce si hay víctimas, toda vez que no podemos acercarnos debido a las fuertes llamas. Durante la madrugada arriban personal del municipio de reforma los cuales ya trabajan en el lugar”, apuntó Protección Civil en un breve mensaje.

Decenas de familias fueron desalojadas de las cercanías del sitio para prevenir cualquier tragedia, en tanto que las llamas alcanzaron tres metros de altura, informó autoridades ejidales.

Vecinos señalaron que desde hace un año y medio veían entrar y salir personas armadas del lugar.

Por ello, se presume que sustraían ilegalmente combustible de tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una actividad conocida como huachicoleo en México que provoca pérdidas multimillonarias para la compañía estatal.

Este diciembre, una explosión durante el robo de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio del céntrico estado de Hidalgo de Tlahuelilpan provocó la muerte de 135 personas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició desde que llegó al poder el pasado 1 de diciembre un combate frontal al robo de combustibles, reforzando la seguridad en los ductos y cambiando el modelo de suministro a las gasolineras, potenciando el transporte por camión cisterna.

Este mismo miércoles, López Obrador presumió el descenso del 95 % en México desde noviembre a abril gracias al combate frontal impulsado desde el Gobierno.


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Los 118 sobrevivientes de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, y las familias de las 45 víctimas fatales informaron este martes que buscan justicia y reparación del daño por parte del Gobierno mexicano.
Además pretenden que se reconozca que la masacre fue derivada de una estrategia del Gobierno de México para desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) levantado en armas en 1994, y que las personas que la ejecutaron fueron entrenadas por el Ejercito mexicano.
“La masacre de Acteal lleva más de 20 años en la impunidad y la injusticia y el procedimiento ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva más de 10 años sin que haya un avance significativo sustancial”, dijo a medios el abogado de los sobrevivientes, Ricardo Lagunes, en Ciudad de México.

Lagunes junto con el vocero del Concejo de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”, Patrocinio Hernández Gómez, se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Recordaron que desde 2018 han trabajando con el Estado mexicano “sobre un posible acuerdo de solución amistosa y diálogos que para abordar temas como acceso a la justicia, reparación y lucha contra la impunidad”.

Lagunes señaló que entre los temas planteando a Encinas está el que se “reconozca la responsabilidad de lo que ocurrió” el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, comunidad del suroriental estado mexicano de Chiapas.

El Estado debe “reconocer que la masacre fue derivada de toda una estrategia para desarticular al EZLN y quienes simpatizaban con el EZLN” y que las personas que llevaron a cabo ejecuciones y desapariciones fueron entrenadas por el Ejercito mexicano, indicaron.

La CIDH no se ha pronunciado ni ha emitido ninguna recomendación de fondo, por lo cual las víctimas, en una postura proactiva, no van a esperar a que la Corte “determine lo que paso en Acteal”, según dijeron.

Si el nuevo Gobierno mexicano dice que “va a ver reparaciones y disculpas por violaciones a los derechos humanos, como en los casos de los 43 de Ayotzinapa, la periodista Lydia Cacho y los presos políticos de San Pedro Tlanixco las víctimas de Acteal exigen lo mismo, justicia y reparación”, añadieron.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 tzotziles de la comunidad de Las Abejas -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos-.

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal.


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Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas rescató a 338 inmigrantes centroamericanos, que eran transportados en cinco autobuses de pasajeros, y detuvo a 15 personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Migración.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), tras recibir una denuncia en la que se señalaba que un grupo de hombres trasladaba migrantes por caminos de terracería, informó la FGR en un comunicado.

Señaló que los elementos dieron cumplimiento a un oficio de investigación y se trasladaron al tramo carretero Tecpatán-Raudales Malpaso, para la búsqueda y localización de las personas denunciadas.

Como resultado de lo anterior, aseguraron tres radios de comunicación, una computadora portátil y seis teléfonos celulares, así como cinco autobuses de pasajeros y tres vehículos particulares que posiblemente custodiaban los vehículos pesados que llevaban a 181 adultos y 157 menores de edad, entre ellos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y un cubano.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley de Migración.

Mientras que los Migrantes recibieron atención integral, médica y psicológica, y fueron enviados al Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Chiapas, para el trámite administrativo correspondiente.

 


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Policías federales detectaron un camión de redilas cargado con 20 bidones y aseguraron combustible robado que presuntamente era trasladado a la frontera sur.

Los oficiales de la Policía Federal informaron que al realizar patrullajes de vigilancia por el municipio de Suchiate, en la frontera de Chiapas con Guatemala, un grupo de elementos de la División de Gendarmería observó el camión de redilas con 20 bidones cargados con hidrocarburos robados.

El vehículo y el combustible ilegal fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de las investigaciones del caso para procesar a los responsables.

En su cuenta en Twitter @PoliciaFedMx, la corporación policíaca informó: “#Chiapas. Al realizar patrullajes de vigilancia en Suchiate, la División de Gendarmería aseguró un vehículo que transportaba más de 20 bidones de hidrocarburo ilegal. La extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos afecta a México. ¡Reporta 088!”.


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El embarazo o deseo de procrear es, en el estado mexicano de Chiapas, un privilegio, pues para la mayoría de mujeres significa ponerse entre la vida y la muerte, sobre todo las que viven en extrema pobreza.

“El rostro de la mortalidad materna se asocia mucho con la pobreza. El 78 % de la población chiapaneca es pobre y un tercio vive en pobreza extrema, por eso vemos casi siempre Oaxaca, Guerrero y Chiapas en los primeros lugares de mortalidad materna”, dijo hoy a Efe la doctora Hilda Argüello.

La secretaria técnica de la organización Observatorio de Mortalidad Materna en México señaló que la falta de acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos, personal calificado que brinde atención adecuada al presentarse complicaciones durante o después de dar a luz, agudizan esta problemática.

Y es que de acuerdo con este organismo, las mujeres en estas entidades fallecen principalmente por hemorragias obstétricas, abortos e hipertensión, pese a que 90 % de estos fallecimientos pueden prevenirse.

Argüello señaló que esto “es un tema muy complejo porque no se remite únicamente a un campo médico, clínico y de salud, sino que tiene que ver con un aspecto más amplio como los derechos humanos”, indicó.

Agregó que al bajo Índice de Desarrollo Humano en esta entidad, una de las más pobres del país, se suma la etnicidad.

Según cifras del organismo del que forma parte, la mitad de las muertes maternas en la entidad corresponden a indígenas, a pesar de que estas representan menos del 28 % de la población chiapaneca.

En los municipios cuya población es indígena en más del 80 %, 6 de cada 10 viven en pobreza extrema.

En promedio, también son 34 % más pobres en comparación con un municipio no indígena y mueren 0,2 mujeres más por cada 1.000 nacidos vivos.

En 1990, con el fin de revertir esta problemática, los países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se unieron para fijar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encontraba reducir la mortalidad materna en 75 % para 2015.

Sin embargo, en América Latina este objetivo no se logró pues apenas se redujo en un 40 %.

“México no alcanzó esa meta y en 2015 cerró con una tasa de mortalidad de 34,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos cuando la meta era alcanzar 22,1, es decir la reducción que se tuvo fue de 66,1 y no del 75 %”, aseveró Hilda Argüello.

A nivel nacional, Chiapas es uno de los estados con mayores desafíos.

De acuerdo con cifras oficiales, la entidad sigue ocupando los primeros lugares de mortalidad materna en México con 58,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años de edad.

“Esto es un poco menos del doble del promedio nacional pues mientras la razón de mortalidad materna en México en 2016 fue de 36,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, en Chiapas fue de 58,3 de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos”, apuntó la doctora Argüello.

Ante esta problemática, algunas organizaciones han hecho esfuerzos para contrarrestar la situación.

Octavio Alberto Coutiño Niño, jefe de la Jurisdicción Sanitaria II, Región Tzeltal-Tzotzil, mencionó que se está trabajando con la plataforma comunitaria y con las autoridades municipales al respecto.

Explicó que uno de los problemas de la salud materna en esta región es su cultura, pues de los 18 municipios con los que trabajan, 15 son hablantes del idioma tzotzil y tzeltal.

“Nuestro trabajo va enfocado al componente comunitario a través del trabajo con personal que habla el idioma tzotzil y tzeltal y eso favorece que mejoremos la comunicación que existe entre la comunidad y el personal de salud”, explicó.

La estrategia llamada plataforma comunitaria ayuda a identificar el riesgo del embarazo, por ejemplo, que si una paciente tiene hemorragia o la presión elevada, sepa que su sintomatología será dolor de cabeza, visión borrosa y zumbido en los oídos.

Esto podrá poner en alerta a la familia para dar la atención y llevar a la mujer inmediatamente a una unidad de salud “o que nosotros como personal de salud acudamos a la casa de la paciente”, detalló.

Dijo que se está trabajando en abrir más casas maternas las, cuales pasaron de 3 en 2016 a 9 en 2018. 


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Luego de tres de meses de vivir en chozas improvisadas fabricadas con madera, plástico y lámina que fueron destruidas por autoridades locales, más 2.000 desplazados quedaron a su suerte en el municipio de Chalchihuitán, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.

El desalojo de los campamentos de desplazados, quienes huyeron de sus comunidades por la violencia en la región, ocurrió en los últimos días de diciembre por órdenes de las autoridades municipales.

Durante un recorrido por la zona, Efe constató que los cinco campamentos fueron destruidos y ahora los cafetales, las veredas y el clima extremo de las montañas son el refugio de estas personas.

Representantes comunitarios señalaron que a finales de diciembre se inició el desmantelamiento por órdenes del síndico municipal Hermelindo García Núñez, quien ordenó a agentes rurales destruir los refugios. En los últimos días los agentes han amenazado a los desplazados con encarcelados si los ven organizándose nuevamente.

Tras ese hecho, los desplazados han quedado a su suerte, pasando hambre y sin un lugar donde refugiarse y dormir.

Niños, mujeres y ancianos no tienen dónde resguardarse y solo les queda soportar el frío de las montañas de Chiapas, que en esta época registran temperaturas bajo cero.

Otras familias han buscado alojamiento con vecinos, amistades y familiares fuera del municipio para continuar su vida.

Las personas aseguran que el desmantelamiento de los refugios se concretó para que las autoridades “simulen” que no está ocurriendo nada en la región y que ya no existen personas desplazadas.

Pero los más de 2.000 desplazados le recuerdan al Gobierno del estado de Chiapas que este problema no está resuelto.

Además, la situación que viven se ha complicado ya que, mediante disparos de armas de fuego, grupos armados del vecino municipio de Chenalhó los han intentado amedrentar y por otra parte se han apoderado de sus tierras.

“La situación me desespera; yo quisiera que pase ya. No es necesario que venga alimento, lo que queremos es que venga más ayuda y queremos que esto lo resuelva el Gobierno”, dijo a Efe Elvia Méndez Sánchez, habitante de la etnia tzotzil de la comunidad Tabak y una de los miles de desplazados, quien espera junto con sus hijos y otro grupo de mujeres que cesen los disparos.

Las mujeres junto con niños y ancianos son acechados por grupos de personas armadas, al parecer paramilitares, que se ubican en los límites entre el municipio de Aldama y Chenalhó, quienes “día y noche y a cualquier hora disparan sobre nuestras casas y toda la gente está sufriendo”.

La disputa por 60 hectáreas de tierra fértil, invadidas por habitantes de la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó, está poniendo en riesgo la vida de más personas.

“Nada más nos ven y disparan, no nos dejan en paz”, dijo a Efe Rosa Antonia Hernández.

La situación es de tal tensión para los habitantes de Aldama que en la comunidad Tabak maestros de primaria han dejado de asistir a dar clases para no poner en riesgo la vida de unos 70 niños y niñas.

En días anteriores el inmueble que utilizan como escuela fue baleado por armas de alto calibre. Paredes y ventanas sirven de evidencia de las agresiones que viven las comunidades de Coco, Tabak, Cotzilnam, Tzelejpobtic y Xuxchen, contó a Efe el agente municipal Martín Santis Pérez.

Desde octubre de 2017, huyeron de sus comunidades poco más de 5.000 personas, todos indígenas tzotziles de Chalchihuitán, quienes abandonaron sus hogares por el miedo que causaba a las familias las detonaciones con arma de fuego de alto calibre proveniente de la franja fronteriza con el municipio de Chenalhó.

El lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a las autoridades a poner atención a los desplazamientos forzados de miles de indígenas en municipios del estado de Chiapas.

La Comisión solicitó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que “se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica”.

Un total de 5.266 indígenas originarios de comunidades de Chalchihuitán se vieron obligados a salir de sus domicilios a partir de octubre de 2017 por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario que enfrenta desde hace 40 años a su población con el municipio vecino de Chenalhó. 


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La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que coadyuva con funcionarios federales para implementar medidas humanitarias -entre ellas, un albergue en el municipio de Suchiate-, ante la posible llegada de una caravana migrante proveniente de Centroamérica.

En su cuenta de Twitter, @pcivilchiapas, la dependencia señaló: “En atención a instrucciones del Gobernador @rutilioescandón, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas coadyuva con funcionarios federales para la implementación de medidas humanitarias, ante la posible llegada de una caravana migrante proveniente de Centroamérica”.

El gobierno estatal prepara el estadio del municipio de Suchiate para albergar a los migrantes que arriben a territorio mexicano, quienes recibirán ayuda humanitaria durante su estancia en la entidad.

El refugio se ubica cerca del Puente Internacional Rodolfo Robles, en la frontera de México y Guatemala, donde se prevé que ingresen los integrantes de la caravana -hombres, mujeres, adultos mayores y niños-, quienes recibirán los apoyos.

Protección Civil estatal señaló lo anterior, luego de que un nuevo grupo de migrantes partió el lunes desde Honduras, a fin de llegar a la frontera con Estados Unidos, siguiendo la misma ruta que recorrieron miles de personas el año pasado en varias caravanas.

 


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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que comenzó las investigaciones del homicidio de Sinar Corzo Esquinca –activista-, por hechos ocurridos anoche en el municipio de Arriaga.

En un comunicado, señaló que de acuerdo con las primeras diligencias de investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:45 horas, en la Primera Norte y Avenida Ferrocarril Oriente de Arriaga, donde un hombre accionó un arma de fuego en contra de Sinar Corzo, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

De manera inmediata, la fiscalía mandó un grupo especial para comenzar las investigaciones, entre ellos, fiscales del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos encabezados por la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, en coordinación con el grupo interinstitucional, con el objeto de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Indicó que las investigaciones de gabinete y de campo continúan y se están incorporando a la carpeta pruebas científicas, con el fin de esclarecer el homicidio y que el o los responsable no evadan la acción de la justicia.

Por último, la dependencia manifestó de manera enérgica su repudio por este lamentable hecho y reiteró su compromiso con la sociedad, para fortalecer el Estado de derecho y garantizar que no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en Chiapas.

 


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El cambio de uso de suelo, la urbanización y las invasiones ponen en peligro los humedales de montaña en el suroriental estado mexicano de Chiapas, advierte hoy el ecologista León Enrique Ávila Romero.

“Actualmente, están siendo rellenados, destruidos, perturbados y hasta se han hecho construcciones” dijo a Efe el mexicano Ávila Romero, integrante de la Red por el Cuidado de la Vida y la Tierra del Valle de Jovel, en los Altos de Chiapas.

Dos tipos de humedales de montañas se localizan cerca de San Cristóbal de Las Casas, La Kisst y María Eugenia, declarados ambos áreas naturales protegidas en 2008 y en 2012 incorporados a la convención RAMSAR, relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Los humedales de montaña son cuerpos de agua de menos de seis metros de profundidad que proporcionan servicios como proveer agua limpia y pura y prevenir las inundaciones y culebras, esto en San Cristóbal de las Casas, la principal población de la zona de los Altos.

Los humedales de montaña, junto con los manglares en la costa, son considerados reguladores del clima y de los ciclos del agua.

A pesar de que tienen dos puntos de acuerdo del Senado mexicano que demandan la protección de dicha área natural protegida, la realidad es que esta joya de la naturaleza ha estado olvidada.

Se calcula que en la actualidad unas 20 hectáreas de humedales en esta entidad mexicana han sido rellenadas, pavimentadas o construidas, lo que ha derivado en un deterioro considerable para el medio ambiente.

Esto amenaza a varias especies, algunas de ellas autóctonas, que solo viven en este tipo de ecosistemas, como el pez Popoyote o pez escamudo de San Cristóbal (Profundulus hildebrandi), está última de gran importancia ecológica y catalogada en peligro de extinción.

Además, estos humedales son la principal fuente de agua potable de San Cristóbal de Las Casas, que tiene una población de 158.027 habitantes.

“Es de donde proviene la mayor cantidad de agua que consume los habitantes de la ciudad; otra función importante es contrarrestar los desastres naturales como las culebras, trombas”, señaló Ávila Romero.

Desde hace varios años un grupo de ciudadanos de la región emprendió una lucha para denunciar todas las invasiones que provocan daños a estos espacios naturales lo que ha derivado en denuncias penales en contra de los propios activistas.

“Hace ocho años esto era un desierto y hemos logrado reforestar. Por lo que convocamos a defender este espacio por las nietas y por los nietos”, afirmó a Efe Dámaso Villanueva, activista y defensor social en San Cristóbal de Las Casas.

Jesús Carmona de la Torre, responsable de laboratorios institucionales del Colegio de la Frontera Sur, afirmó que si los humedales se pierden, especialmente los de San Cristóbal de las Casas, habrá escasez de agua, se perderán especies endémicas y aumentará el riesgo de inundación.

El municipio ha señalado este deterioro y se han comprometido a restaurar los daños empezando con la clausura y protección del espacio para evitar que se construya en áreas cercanas, dijo a Efe Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Según el Inventario Nacional de Humedales (INH) elaborado por el Gobierno mexicano, México contaba en 2017 con 6.331 humedales.

De los cuales, por su relevancia y sus características, 142 están considerados dentro de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional.


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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró hoy 25 años del inicio de su insurrección en el estado mexicano de Chiapas con un llamado a resistir al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el subcomandante Galeano, antes Marcos, y por el comandante Moisés, el EZLN festejó con sus juntas de buen gobierno, en La Realidad, el alzamiento del 1 de enero de 1994, cuando atacaron cuatro poblados de Chiapas y una base militar.

“La pobreza, falta de oportunidades, racismo, exclusión, discriminación, parte de las causas que originaron el levantamiento, siguen siendo las mismas por las que distintos pueblos indígenas de Chiapas declararon la guerra al Gobierno mexicano el 1 de enero de 1994, señalaron.

Los zapatistas sacudieron hace un cuarto de siglo a México desde la Selva Lacandona en Chiapas al irrumpir con sus demandas justo el día en el que en el país se celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

En La Realidad, cerca de la frontera con Guatemala, las bases de apoyo y la juntas de buen gobierno recordaron su levantamiento armado con desfile militar y su reiteración de su rechazo a los proyectos de López Obrador, presidente de México desde el 1 de diciembre pasado.

Pos más de 40 minutos, los zapatistas marcaron el paso, movieron sus armas de madera y mostraron algunos vehículos para dar a conocer su fuerza y decisión de defender los derechos de los indígenas y los campesinos que aún están en el olvido.

“Ese que está en el poder (López Obrador) va a destruir al pueblo de México, principalmente a los pueblos originarios, vienen por nosotros y en especialmente a nosotros al EZLN”, apuntó Moisés, el comandante de los zapatistas.

Moisés exultante hizo que sus bases respondieran con un no rotundo cuando aseguró que el EZLN no le tiene miedo al gobierno mexicano.

“Vamos a pelear, no vamos a permitir su proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su guardia nacional, que le cambio de nombre al ejército y son los mismos”, declaró el comandante indígena.

Señalaron que han pasado 25 años y aún se encuentran solos y que a pesar de que despertaron al mundo y al pueblo de México este se ha dejado engañar una vez más por un “gobernante falso y tramposo”.

Los zapatistas se pronunciaron por continuar en la lucha hasta lograr desterrar la pobreza, falta de oportunidades, racismo, exclusión, discriminación en sus comunidades y el país.

“Vamos a defender lo que hemos construido. Estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo que somos nosotros los que estamos construyendo; mujeres y hombres no vamos a permitir a que venga a destruirnos” reafirmo el comandante Moisés.

Los zapatistas han expresado dudas sobre el gobierno de López Obrador y rechazan sus proyectos como la construcción del tren maya y la siembre de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en los estados del sureste del país.

Sobre la cuarta transformación de la nación que López Obrador tiene como principal bandera de su gobierno, los zapatistas apuntaron que no pueden creer ni sus planteamientos ni lo que llamaron como sus mentiras.

Moisés exhortó a los pueblos indígenas a continuar organizándose para luchar, ya que organizados podrán liberarse, ya que, apuntó, el nuevo gobierno no va hacer nada a favor del pueblo.

El comandante del EZLN lanzó fuertes críticas a López Obrador al sostener que dijo que su gobierno no tendrá incondicionales y todo el congreso está lleno de ellos.

Asimismo consideró una mentira decir que se combatirá la corrupción, “pero continúan con los programas de siempre con diferentes nombres.

Manifestaron su cansancio por no ser escuchados y sostuvieron que no tener miedo a defender nuevamente su postura” porque “nos vamos a defender pase lo que pase, cueste lo que cueste y venga lo que venga, vamos a defendernos, vamos a pelear si es necesario”.


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